Desde el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) vemos con preocupación la
intervención de Leopoldo López Gil en la Facultad de Derecho el lunes 6 de junio.
Sospechamos que al hilo de la misma puedan sostenerse posturas contrarias a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente en dicho país desde
1999 y aprobada en referéndum popular el 15 de diciembre de ese mismo año. Una
Constitución en la que se reconocían por vez primera los derechos de los pueblos
indígenas o el respeto al medio ambiente y en la que se reconocen los principios
elementales que erigen a Venezuela como un Estado de derecho. Dicha Constitución
reconoce, entre otras cuestiones, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, se destaca la importancia de la justicia social y de respeto a los derechos
fundamentales: soberanía nacional, democracia participativa, forma federal
descentralizada, etc.
El hijo de Leopoldo López Gil, Leopoldo López Cruz, fue condenado por un
tribunal venezolano por su participación en las protestas de 2014 en Caracas contrarias a
dicho orden constitucional y en las que se registraron 43 muertos y más de 600 heridos
según informa la propia BBC. La Universidad no debe ser un espacio para la defensa de
personas cuyas acciones no respetan los Derechos Humanos fundamentales ni el orden
constitucional establecido en las democracias liberales, regidas por el imperio de la ley
y la soberanía popular. En este sentido, no entendemos cómo profesores como Ricardo
Rivero, decano de la Facultad de Derecho, muy comprometido en otros asuntos que
tañen al derecho internacional como el genocidio del llamado Estado de Israel sobre la
nación palestina, se prestan a este tipo de actos. Recordamos cómo se nos denegó por
este tipo de cuestiones un acto con el joven Alfon, sobre el que entonces no pesaba
ninguna sentencia judicial o cómo múltiples facultades nos obligan a firmar que
nuestros actos respetarán la legalidad en los contenidos de nuestros invitados e
invitadas. A pesar de que sobre el padre de Leopoldo López Cruz tampoco pese ninguna
sentencia judicial, sí que lo hace sobre su hijo, con cargos entendemos que graves como
los de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para
delinquir.
En este sentido, consideramos que el estado venezolano está viendo sometido a
una agresión mediática con un fin muy concreto y que no es otro que derogar el orden
constitucional vigente y sobre el que recae la soberanía de la nación venezolana,
agresión llevada a cabo en el marco del intento de desestabilizar tanto a Venezuela
como a otros estados de tinte progresista en la región- como Brasil- por parte de la
oligarquía local, apoyada por intereses económicos extranjeros y que tienen como
finalidad hacer caer por vías antidemocráticas el gobierno actual elegido en las urnas
por los y las venezolanas. Las actividades de la Universidad en este sentido no pueden
ser otras que las de defender las cartas magnas de las distintas naciones conforme al
derecho internacional, o en todo caso, el fomento del diálogo y el entendimiento, así
como no servir de altavoz, en ningún caso, para aquellos y aquellas que no respeten,
como decíamos, el derecho internacional, los derechos humanos o la voluntad expresada
en la soberanía popular a través de las distintas constituciones. Manifestamos, por ello,
nuestro profundo rechazo a que dicho acto se celebre precisamente en la Facultad que
debería defender con más ahínco todas estas cuestiones, así como en ningún otro
espacio de nuestra Universidad.
intervención de Leopoldo López Gil en la Facultad de Derecho el lunes 6 de junio.
Sospechamos que al hilo de la misma puedan sostenerse posturas contrarias a la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente en dicho país desde
1999 y aprobada en referéndum popular el 15 de diciembre de ese mismo año. Una
Constitución en la que se reconocían por vez primera los derechos de los pueblos
indígenas o el respeto al medio ambiente y en la que se reconocen los principios
elementales que erigen a Venezuela como un Estado de derecho. Dicha Constitución
reconoce, entre otras cuestiones, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, se destaca la importancia de la justicia social y de respeto a los derechos
fundamentales: soberanía nacional, democracia participativa, forma federal
descentralizada, etc.
El hijo de Leopoldo López Gil, Leopoldo López Cruz, fue condenado por un
tribunal venezolano por su participación en las protestas de 2014 en Caracas contrarias a
dicho orden constitucional y en las que se registraron 43 muertos y más de 600 heridos
según informa la propia BBC. La Universidad no debe ser un espacio para la defensa de
personas cuyas acciones no respetan los Derechos Humanos fundamentales ni el orden
constitucional establecido en las democracias liberales, regidas por el imperio de la ley
y la soberanía popular. En este sentido, no entendemos cómo profesores como Ricardo
Rivero, decano de la Facultad de Derecho, muy comprometido en otros asuntos que
tañen al derecho internacional como el genocidio del llamado Estado de Israel sobre la
nación palestina, se prestan a este tipo de actos. Recordamos cómo se nos denegó por
este tipo de cuestiones un acto con el joven Alfon, sobre el que entonces no pesaba
ninguna sentencia judicial o cómo múltiples facultades nos obligan a firmar que
nuestros actos respetarán la legalidad en los contenidos de nuestros invitados e
invitadas. A pesar de que sobre el padre de Leopoldo López Cruz tampoco pese ninguna
sentencia judicial, sí que lo hace sobre su hijo, con cargos entendemos que graves como
los de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para
delinquir.
En este sentido, consideramos que el estado venezolano está viendo sometido a
una agresión mediática con un fin muy concreto y que no es otro que derogar el orden
constitucional vigente y sobre el que recae la soberanía de la nación venezolana,
agresión llevada a cabo en el marco del intento de desestabilizar tanto a Venezuela
como a otros estados de tinte progresista en la región- como Brasil- por parte de la
oligarquía local, apoyada por intereses económicos extranjeros y que tienen como
finalidad hacer caer por vías antidemocráticas el gobierno actual elegido en las urnas
por los y las venezolanas. Las actividades de la Universidad en este sentido no pueden
ser otras que las de defender las cartas magnas de las distintas naciones conforme al
derecho internacional, o en todo caso, el fomento del diálogo y el entendimiento, así
como no servir de altavoz, en ningún caso, para aquellos y aquellas que no respeten,
como decíamos, el derecho internacional, los derechos humanos o la voluntad expresada
en la soberanía popular a través de las distintas constituciones. Manifestamos, por ello,
nuestro profundo rechazo a que dicho acto se celebre precisamente en la Facultad que
debería defender con más ahínco todas estas cuestiones, así como en ningún otro
espacio de nuestra Universidad.
