La Carta Magna de las Universidades Europeas , firmada en 1988 por la mayoría de rectores europeos, dicta cuatro principios fundamentales de la Universidad. Entre ellos, se dice que “se debe lograr una independencia moral y científica de todo poder político y enconómico”, así como que “la enseñanza siga las exigencias de la sociedad y de los conocimientos científicos”. Sin embargo, el Proyecto de Bolonia rompe con estos principios al ceder que sea el poder económico el que dicte qué hay que enseñar y qué hay que investigar; es decir, no se sigue las exigencias de la sociedad y de los conocimientos científicos, sino las exigencias de las grandes empresas que aporten la financiación.
La convergencia europea se nos está vendiendo como una renovación pedagógica que cambia a mejor la enseñanza.
Los defensores de Bolonia (las asociaciones tradicionales, el Consejo de Delegaciones, el rectorado, etc.) dicen que el proyecto supone disminuir el ratio de alumnos por profesor a treinta, que supone un método de enseñanza más participativo, que supone una superación del tradicional modelo de clases magistrales, y muchos más aspectos que nosotros también defendemos. El problema, es que no se están planteando los medios y los recursos necesarios para que estos aspectos positivos se lleven a cabo con unas mínimas garantías. ¿Pero si el Proyecto de Bolonia falla en los puntos positivos qué es lo que nos queda?. Pues nos queda el trasfondo del plan en sí, es decir, los intereses por los que realmente se está llevando a cabo esta reforma y el déficit de financiación pública y calidad educativa de nuestras universidades.
La convergencia europea se nos está vendiendo como una renovación pedagógica que cambia a mejor la enseñanza.
Los defensores de Bolonia (las asociaciones tradicionales, el Consejo de Delegaciones, el rectorado, etc.) dicen que el proyecto supone disminuir el ratio de alumnos por profesor a treinta, que supone un método de enseñanza más participativo, que supone una superación del tradicional modelo de clases magistrales, y muchos más aspectos que nosotros también defendemos. El problema, es que no se están planteando los medios y los recursos necesarios para que estos aspectos positivos se lleven a cabo con unas mínimas garantías. ¿Pero si el Proyecto de Bolonia falla en los puntos positivos qué es lo que nos queda?. Pues nos queda el trasfondo del plan en sí, es decir, los intereses por los que realmente se está llevando a cabo esta reforma y el déficit de financiación pública y calidad educativa de nuestras universidades. El proyecto de Bolonia supone un cambio en la estructura de las titulaciones universitarias, pasando el grado a ser mucho más generalista y dejando la especialización al posgrado. Esto supone en la realidad una devaluación clara de las titulaciones, y que obliga a los estudiantes a realizar un posgrado para tener la especialización necesaria de cara al mundo laboral. Además, la financiación pública se centrará en los grados, mientras que en los posgrados (con un coste que varia entre 1700 y casi 5000 euros) la financiación la aportará principalmente las grandes empresas, por lo que serán estas las que dictaminen los contenidos de los posgrados para que se ajusten a las cambiantes necesidades del mercado, rentabilizando así la financiación aportada. Directamente, en el Proyecto Tuning se habla de la necesidad de “adiestramiento de los alumnos” para que sean “dúctiles” y que así adquieran capacidades transversales adecuadas al mercado flexible e incierto que se encontrarán los estudiantes como futuros trabajadores. El proyecto supone también la reducción del tiempo que dispone el estudiante para el ocio, porque el sistema de créditos ECTS convierte la jornada de estudio a 40 horas semanales, forzando la idea del estudiante a tiempo completo. Por otro lado, el proceso de Bolonia fomenta la competitividad suicida entre universidades, algo reconocido por el propio rector de la USAL al afirmar que “el espacio europeo puede provocar el cierre de universidades”.
En la actualidad, la implantación de los grados, basada en la falta de debate e información y en la extrema rapidez que se exige a la misma, está llevándose a cabo de forma desastrosa y en algunos casos hasta insultante: Los estudiantes de los planes antiguos pierden el derecho a la docencia (a pesar de los altos precios de las segundas y terceras matrículas) e incluso en algunas facultades la implantación se está haciendo en bloque. Por todo esto, desde CEA nos sumamos a las movilizaciones que salgan desde las asambleas abiertas de Estudiantes Contra Bolonia para luchar en pro de una Universidad Pública y de Calidad en la que las condiciones económicas no supongan una traba para el acceso y permanencia en la misma.
