Estudiantes en Movimiento considera el informe del grupo de expertos sobre la reforma
universitaria una vergüenza que encubre un golpe de estado a las
instituciones universitarias y que amenaza con acabar con los escasos
márgenes de democracia de éstas.
El grupo de “expertos” universitarios que redactó dicho informe cuenta entre sus filas con miembros tan sospechosos de perseguir fines democráticos como el vicepresidente tercero del Banco Santander, o de promover la calidad de la Universidad Pública como el presidente del consejo de dirección de la universidad privada IE Universidad.
El grupo de “expertos” universitarios que redactó dicho informe cuenta entre sus filas con miembros tan sospechosos de perseguir fines democráticos como el vicepresidente tercero del Banco Santander, o de promover la calidad de la Universidad Pública como el presidente del consejo de dirección de la universidad privada IE Universidad.
A falta de realizar un análisis más en profundidad, podemos desligar
el informe en tres puntos clave que de aplicarse supondrán un
empeoramiento sustancial de nuestra universidad:
Primeramente, se propone recortar drásticamente la democracia de los
órganos de gobierno universitarios a través de la fusión del Consejo
Social con el Consejo de Gobierno en un nuevo Consejo de la Universidad
que tendría atribuidas todas las potestades que antes correspondían a
los anteriores órganos y al Claustro, que pasaría a ser meramente
consultivo. La elección del rector dejaría de ser realizada por sufragio
universal o por el Claustro y sería realizada por el Consejo de la
Universidad, de cuyos miembros un cuarto serían elegidos a dedo por el
gobierno autonómico correspondiente. Para Estudiantes en movimiento esto
supone un golpe de estado en toda regla a la democracia y a la
autonomía universitaria que además aumentará la presencia de
personalidades del mundo empresarial en los órganos universitarios y
disminuirá la ya escasa representación estudiantil en éstos.
En segundo lugar, la financiación universitaria se plantea como un
elemento en el que la iniciativa privada debe aumentar cuantiosamente.
Si bien es cierto que el informe contiene referencias a la escasa
inversión del gobierno en becas o a la imposibilidad de aumentar la
calidad universitaria si no se alcanzan niveles de financiación pública
similares a la media de la OCDE, también es cierto que las medidas
concretas que se proponen son a costa de aumentar el peso de la empresa
privada en el sistema universitario. Se plantea aumentar las modalidades
de becas préstamo ligadas a entidades privadas, lo que trae consigo
aumento de la inequidad ya que no pueden a acceder a éstas aquellos
estudiantes que no tienen solvencia demostrada para devolverlas, así
como ligar la financiación de las universidades a la obtención de
resultados y a la empleabilidad de sus titulados, lo que puede suponer
un suicidio económico para la mayoría de universidades españolas.
Como tercer punto destacado está la nueva política de selección del
Personal Docente e Investigador que se pretende imponer a las
universidades. El informe se decanta sobre todo en este punto por el
mantenimiento de la figura de profesores asociados y ayudantes en los
términos planteados en la LOMLOU, es decir, con unas condiciones de
precariedad e inseguridad laboral en el tiempo de un sector que supone
la mayoría del personal docente de las universidades. Por otra parte,
con respecto al personal permanente se pretende ir reduciendo el peso de
la figura de catedrático y profesor titular que accede a través de las
cribas de calidad nacional establecidas por la ANECA para promover la
figura de doctor contratado por la propia universidad, ofreciendo
libertad a los centros para fijar la banda salarial ofrecida. Esto
supone, tal como reconoce el informe, una “desfuncionarización” de la
condición de docente universitario permanente, lo que puede dar lugar a
la competencia entre las universidades por acaparar al personal docente
disponible y, teniendo en cuenta las dificultades financieras de las
mismas, una pérdida de calidad generalizada por la imposibilidad de
competir entre sí y con las universidades privadas.
En conclusión, para Estudiantes en Movimiento las medidas contenidas
en este informe es una ataque frontal a la universidad pública y las
pone al servicio del capital, que es responsable de su actual crisis,
además de haber sido redactados sin contar con el debate ni con el
consentimiento de la comunidad universitaria. Las pretensiones de
reforma universitaria deben ser contestadas desde la movilización en las
aulas y en las calles, porque la comunidad universitaria y la mayoría
social no puede permitir que se le robe el derecho a una educación
democrática conquistado a través de decenas de años de lucha.
http://estudiantesenmovimiento.org/?p=118
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