El Claustro de la Universidad de Salamanca, reunido en sesión ordinaria
el 15 de mayo, acuerda refrendar la siguiente declaración:
Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno -en concreto los Reales Decretos-Leyes de medidas urgentes de 30 de Diciembre de 2011 y de 20 de Abril de 2012- afectan decisivamente a todo el sistema universitario español y abren la puerta a sistemas que quiebran imprudentemente la estructura de funcionamiento de las universidades, por cuanto tienen efectos imprevisibles sobre el sistema de financiación de las universidades públicas, el régimen de dedicación de su profesorado, dificultan, cuando no impiden, la convocatoria de plazas de profesorado y la larga carrera formativa de un profesor universitario y modifican la dedicación docente del profesorado en un modo que, si bien va en la línea aprobada por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad de pedir menos esfuerzo docente a quien dedica más tiempo a la investigación, adolece de defectos que pueden agravar los problemas de las universidades.
Incomprensiblemente, una norma con influencia tan grande en el sistema universitario en su conjunto, que pudiera vulnerar el principio constitucional de autonomía universitaria y que modifica la LOM-LOU, ha sido publicado incumpliendo el requisito legal de solicitar informe al Consejo de Universidades, contemplado en dicha ley orgánica.
El aspecto más preocupante de la nueva legislación es el desplazamiento, por vía de aumento de las tasas, de una parte sustancial de la financiación ordinaria de las universidades públicas desde los recursos del Estado, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, a los estudiantes. Quienes creemos en una universidad pública financiada de manera apropiada y suficiente no podemos estar de acuerdo con el nuevo modelo, por cuanto incrementa lo que tienen que pagar los estudiantes por los estudios universitarios en momentos en que se endurecen los requisitos para obtener o conservar una beca y en que las familias pasan por crecientes dificultades económicas para sostener los estudios de sus hijos, repentinamente encarecidos.
El Gobierno justifica las medidas por razones económicas urgentes, pero sus previsiones de ahorro están sobrevaloradas, lo que hace dudar de su efecto real de contención del gasto. Las medidas impuestas supondrán un ahorro muy pequeño en el año en curso a cambio de un efecto académico que, por las previsiones que destruye y por el momento en que se han aprobado, podemos calificar de absolutamente demoledor.
Entramos a partir de ahora en un sistema de financiación de las universidades que tiene mucho de incertidumbre y evidentes elementos de preocupación. En una universidad pública, al menos los salarios de su personal y algunas inversiones estratégicas deben estar siempre sufragados por el Estado, por la sociedad a la que servimos. Conseguir ese objetivo fue uno de los mecanismos que devolvieron solvencia y estabilidad presupuestaria a esta Universidad y a otras. Este modelo se rompe ahora y se pasa a otro que hace depender de las tasas una parte de los gastos de personal, lo que puede generar déficits estructurales a las universidades, como ya ha sucedido en el pasado.
El Claustro de la Universidad de Salamanca manifiesta su desacuerdo con estas medidas y su preocupación por sus efectos negativos para el sistema público universitario. Por todo ello, insta al Gobierno a desarrollar una nueva legislación con la preceptiva colaboración de las universidades que corrija los defectos de las medidas recientemente adoptadas y favorezca una universidad pública de calidad.
Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno -en concreto los Reales Decretos-Leyes de medidas urgentes de 30 de Diciembre de 2011 y de 20 de Abril de 2012- afectan decisivamente a todo el sistema universitario español y abren la puerta a sistemas que quiebran imprudentemente la estructura de funcionamiento de las universidades, por cuanto tienen efectos imprevisibles sobre el sistema de financiación de las universidades públicas, el régimen de dedicación de su profesorado, dificultan, cuando no impiden, la convocatoria de plazas de profesorado y la larga carrera formativa de un profesor universitario y modifican la dedicación docente del profesorado en un modo que, si bien va en la línea aprobada por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad de pedir menos esfuerzo docente a quien dedica más tiempo a la investigación, adolece de defectos que pueden agravar los problemas de las universidades.
Incomprensiblemente, una norma con influencia tan grande en el sistema universitario en su conjunto, que pudiera vulnerar el principio constitucional de autonomía universitaria y que modifica la LOM-LOU, ha sido publicado incumpliendo el requisito legal de solicitar informe al Consejo de Universidades, contemplado en dicha ley orgánica.
El aspecto más preocupante de la nueva legislación es el desplazamiento, por vía de aumento de las tasas, de una parte sustancial de la financiación ordinaria de las universidades públicas desde los recursos del Estado, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, a los estudiantes. Quienes creemos en una universidad pública financiada de manera apropiada y suficiente no podemos estar de acuerdo con el nuevo modelo, por cuanto incrementa lo que tienen que pagar los estudiantes por los estudios universitarios en momentos en que se endurecen los requisitos para obtener o conservar una beca y en que las familias pasan por crecientes dificultades económicas para sostener los estudios de sus hijos, repentinamente encarecidos.
El Gobierno justifica las medidas por razones económicas urgentes, pero sus previsiones de ahorro están sobrevaloradas, lo que hace dudar de su efecto real de contención del gasto. Las medidas impuestas supondrán un ahorro muy pequeño en el año en curso a cambio de un efecto académico que, por las previsiones que destruye y por el momento en que se han aprobado, podemos calificar de absolutamente demoledor.
Entramos a partir de ahora en un sistema de financiación de las universidades que tiene mucho de incertidumbre y evidentes elementos de preocupación. En una universidad pública, al menos los salarios de su personal y algunas inversiones estratégicas deben estar siempre sufragados por el Estado, por la sociedad a la que servimos. Conseguir ese objetivo fue uno de los mecanismos que devolvieron solvencia y estabilidad presupuestaria a esta Universidad y a otras. Este modelo se rompe ahora y se pasa a otro que hace depender de las tasas una parte de los gastos de personal, lo que puede generar déficits estructurales a las universidades, como ya ha sucedido en el pasado.
El Claustro de la Universidad de Salamanca manifiesta su desacuerdo con estas medidas y su preocupación por sus efectos negativos para el sistema público universitario. Por todo ello, insta al Gobierno a desarrollar una nueva legislación con la preceptiva colaboración de las universidades que corrija los defectos de las medidas recientemente adoptadas y favorezca una universidad pública de calidad.
