Se trata de una medida de cuestionable legalidad. Las becas se encuentran reguladas por convocatorias que contemplan dotaciones presupuestarias prefijadas. El dinero de las subvenciones que financia los contratos no proviene íntegramente del Estado español (por ejemplo, las ayudas de la Junta de Castilla y León están subvencionadas hasta en un 80% por dinero de la UE). La aplicación del recorte ni siquiera ha sido homogénea en todo el ámbito estatal. Hemos quedado a merced de las decisiones de los equipos rectorales. Y el de la USAL nos ha puesto en la peor de las situaciones.
Pero sin duda se trata de una medida injusta. Nuestros contratos sólo son válidos para cumplir con los intereses de la Universidad. ¿O es que nos van a abonar ahora las compensaciones por la subida del IPC que no nos han pagado en años anteriores? No. ¡Pero sí nos aplicarán el recorte con carácter retroactivo desde junio (un 30% por cierto en diciembre, más el 5% de la nómina del mes y el 5% de la paga extra)! Somos contratados, pero no consideran que, como trabajadores de esta Universidad, tengamos derechos a ser representados o elegidos en las instituciones universitarias. ¡Pero nuestras nóminas sí han sido elegidas para el recorte! En ausencia de convenio, aplican un tipo único (5%) ¿Es esto justicia social en un sistema que se dice progresivo?
La actitud del equipo rectoral ha puesto una vez más de manifiesto la hipocresía de esta Universidad. ¿Dónde están los compromisos con la investigación? ¿Dónde los compromisos con la comunidad universitaria? La investigación es futuro: el nuestro, el de la Universidad, el de la sociedad que se beneficia del trabajo por el que tan pobremente nos retribuyen esta Universidad y el Estado.
¡POR UNA CARRERA INVESTIGADORA DIGNA!
Jóvenes Investigadores de Geografía e Historia de la USAL
