En otro orden de cosas, durante el consejo de Gobierno se afirmó la necesidad de hacer una política seria en la reforma de las infraestructuras para adaptarlas a las personas discapacitadas a raíz de un estudio que la Universidad de Salamanca a puesto en marcha para conocer las condiciones y necesidades reales de este colectivo. CEA apuesta por una política de inversión adaptando espacios, muchos de los cuales están muy alejados de satisfacer mínimamente las necesidades de las personas discapacitadas, que en este momento se acercan a 200 personas en la USAL.